Reflexión desde Villa Tunari: víctimas sin voz, criminales con derechos; la paradoja penitenciaria

Franklin Aspety

En efecto, una cárcel es un edificio que se utiliza para encerrar a los presos. Un preso, por otra parte, es una persona que fue privada de su libertad como condena por haber cometido un delito (definición.de).

Ahora bien, si una persona le quitó el derecho de vivir a otra, ¿Qué derechos puede reclamar para sí misma y por qué otras personas insisten en reclamar y defender los derechos de ese preso?

Leí un texto que planteaba algunas consecuencias del proceso de prisonización para el prisionero, en ello remarcaba las siguientes consecuencias:

-         I.    Complejo de inferioridad

-         II.    Falta de intimidad

-         III.    Falta de aliciente

-         IV.    Perdida de autoestima

-         V.    Problemas sensoriales

-         VI.    Aislamiento social

-         VII.    Inseguridad física

-         VIII.    Carencia familiar

-         IX.    Falta de ocupación

-         X.    Necesidades económicas

-         XI.    Desprecio social

-         XII.    Carencia de apoyo jurídico (Pinto, 2004, pág. 19-23)

Es evidente que existen múltiples consecuencias, pero todas ellas derivan de sus propios actos, de sus malas decisiones y de su conducta reprochable. Por lo tanto, el único responsable de encontrarse en esa situación y de padecer sus efectos es el propio preso.

Sin embargo, ¿quién los sostiene? En respuesta: El Estado, a través de los recursos económicos destinados al sistema penitenciario. ¿Y de dónde provienen de esos recursos? De los impuestos y contribuciones de los ciudadanos. En otras palabras, somos nosotros quienes terminamos manteniendo a estos malhechores. Una nota del año 2022 revelaba que “a Cochabamba le cuesta más de 11 millones de bolivianos anuales mantener a la gente que está privada de libertad” (Opinión, 2022).

Pregunto: ¿Hasta qué punto es justo que la sociedad destine más de 11 millones de bolivianos al año para mantener a personas privadas de libertad, en lugar de invertir esos recursos en un proyecto para la sociedad, en educación o salud?

¿A qué viene todo lo mencionado? Pues bien, el pasado 5 de julio del 2025, una familia en Villa Tunari intentaba concretar la compra de un terreno cuando fueron brutalmente despojados de su derecho a vivir y de disfrutar el fruto de su esfuerzo. Ese día perdieron la vida Gregorio V.T. (37 años), Griselda A.M. (29 años) y sus hijos Brayan (11 años) y Eric (8 años). ¿Cómo ocurrió? Gregorio V.T. fue acribillado con disparos de arma de fuego, mientras que su esposa y los dos menores murieron tras recibir violentos golpes en la cabeza. ¿Y los responsables? Hasta la fecha, 29 de agosto de 2025, han sido detenidos Yimer Crespo Orellana y Limber Medina Alvarado, ambos de 25 años, quienes en audiencia de pronunciamiento abreviado admitieron haber cometido este atroz crimen (Opinión, 2025).

Lugar del hallazgo de los cuerpos envueltos en bolsas de yute

Frente a hechos tan atroces, resulta inevitable cuestionarse si el sistema penitenciario cumple realmente con su función de justicia y reparación. Mientras las víctimas y sus familias son condenadas a un dolor irreparable y a la ausencia definitiva de sus seres queridos, los responsables reciben alimento, techo y cuidados básicos financiados por la sociedad. Esta paradoja deja en evidencia una brecha moral y jurídica: quienes arrebatan vidas siguen gozando de derechos, mientras que las víctimas ya no pueden reclamar los suyos. De ahí surge la urgencia de repensar hasta qué punto el modelo actual de sanción responde al sentido de justicia que la sociedad espera.

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