Narco Maletas: uso consciente del poder para fines ilegales

 

El caso de las narco-maletas, deja al descubierto una realidad profunda y alarmante: la existencia de una red de personas ambiciosas, oportunistas y corruptas que, amparados en cargos públicos, utilizaron el Estado como una fachada para actividades ilícitas.

Entre los implicados figura la exdiputada Laura Rojas, quien incluso se presentaba como candidata a concejal por Santa Cruz en las elecciones subnacionales. También aparece el juez Hebert Zeballos, que además de su función judicial es propietario de una empresa de seguridad, lugar donde presuntamente fueron depositadas las 32 maletas traídas de EEUU. En ese mismo espacio, tras el allanamiento, se hallaron marihuana y una máquina procesadora de droga, lo que agrava considerablemente la situación.

A este cometido se suman funcionarios de la Aduana del aeropuerto de Viru Viru, quienes no solo incumplieron su deber, sino que presuntamente habrían actuado en complicidad. Su rol era clave para prevenir este tipo de hechos, pero el sistema evidentemente fue vulnerado desde dentro.

No se trata, por tanto, de actores marginales ni improvisados. Son personas que conocían perfectamente cómo funciona el aparato estatal y supieron aprovechar sus debilidades en beneficio propio. Los hallazgos tras el allanamiento sugieren, además, que no sería la primera vez que operaba de este modo.

Por tanto, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿para algunos, ser funcionario público se ha convertido en una simple escalera para delinquir? Y más aún, ¿por qué el sistema permite que estos personajes, incluso después de escándalos graves, encuentren siempre una vía de retorno al poder o a la vida pública?

A la luz de los hechos, no solo falla la ética individual, sino también la estructura que tolera, normaliza y, en ocasiones, termina protegiendo la impunidad.